Declaración de bien familiar

La declaración de bien familiar es una figura del Código Civil que limita las facultades del cónyuge propietario sobre la vivienda donde vive la familia. No cambia el dueño ni transfiere la propiedad. Lo que hace es exigir la autorización del otro cónyuge para vender, hipotecar o arrendar ese inmueble.

Conviene despejar de entrada el malentendido más caro. Declarar la casa como bien familiar no la vuelve inembargable. Protege frente a los actos voluntarios del propietario, no frente a la ejecución de sus acreedores, y más abajo explicamos exactamente por qué.

La figura fue incorporada al Código Civil en 1994, en los artículos 141 a 149, y desde 2015 se aplica también a los convivientes civiles. Es gratuita en un punto que casi nadie menciona, porque la ley concede privilegio de pobreza a los cónyuges para este juicio.

¿Qué es un bien familiar y qué bienes se pueden declarar?

El artículo 141 del Código Civil es la norma de base. Pueden declararse bienes familiares el inmueble de propiedad de cualquiera de los cónyuges que sirva de residencia principal de la familia, y los muebles que la guarnecen, cualquiera sea el régimen de bienes del matrimonio.

De ahí salen tres exigencias que conviene revisar antes de demandar.

• El inmueble debe ser de propiedad de uno de los cónyuges. Si la vivienda es arrendada, no hay nada que declarar.
• Debe ser la residencia principal de la familia. La ley protege una vivienda, no todas. Una segunda casa o una propiedad de inversión queda fuera.
• Los muebles que se protegen son los que guarnecen esa residencia. El ajuar doméstico, no el auto ni la cuenta corriente.

Hay un tercer supuesto que suele pasarse por alto. El artículo 146 extiende la figura a los derechos o acciones que los cónyuges tengan en sociedades propietarias del inmueble que sirve de residencia principal de la familia, hipótesis frecuente cuando la casa está a nombre de una sociedad de inversiones.

Esa afectación funciona de manera muy distinta. Se hace por declaración de cualquiera de los cónyuges contenida en escritura pública, sin juicio de por medio.

Luego viene el registro. Se anota al margen de la inscripción social si se trata de una sociedad de personas, o se inscribe en el registro de accionistas si es una sociedad anónima.

Producida esa afectación, el efecto es fuerte. Se requiere la voluntad de ambos cónyuges para realizar cualquier acto como socio o accionista que tenga relación con el bien familiar.

¿Quiénes pueden pedir la declaración de bien familiar?

Aquí la ley es cerrada y conviene no generar falsas expectativas.

Pueden pedirla los cónyuges, bajo cualquier régimen patrimonial, y también los convivientes civiles.

Esto último lo dispone el artículo 15 de la Ley 20.830, que señala que “cualquiera sea el régimen de bienes que exista entre los convivientes civiles, tendrá aplicación lo dispuesto en los artículos 141 a 149 del Código Civil”.

En cambio, los convivientes de hecho no pueden declarar bien familiar. Todo el párrafo del Código Civil está construido sobre la palabra cónyuge, y la única extensión legal existente es la de la Ley 20.830, redactada para quienes celebraron acuerdo de unión civil ante el Registro Civil.

Lo mismo ocurre con un padre o una madre soltera que vive con sus hijos. El presupuesto de la figura no es tener hijos ni formar una familia en abstracto, sino un vínculo conyugal o de unión civil.

Sin matrimonio ni acuerdo de unión civil, entonces, no hay declaración posible. Si lo que está en juego es la vivienda donde viven los hijos, el camino pasa por otras materias, como el cuidado personal o la pensión de alimentos.

Si esa es tu situación, conviene evaluar otras herramientas. Revisa nuestras guías sobre las diferencias entre unión civil y matrimonio y sobre los regímenes patrimoniales del matrimonio.

Cómo se tramita la declaración, paso a paso

La declaración se pide ante el juzgado de familia, porque el artículo 8 N° 14 letra b) de la Ley 19.968 entrega a esos tribunales la declaración y desafectación de bienes familiares y la constitución de derechos de usufructo, uso o habitación sobre ellos.

1. Se presenta la demanda. Va dirigida contra el cónyuge propietario e identifica el inmueble con su inscripción de dominio.
2. El bien queda protegido de inmediato. Este es el gran dato práctico de la figura. La sola interposición de la demanda transforma provisoriamente en familiar el bien de que se trate, sin esperar la sentencia.
3. El juez ordena la anotación en su primera resolución. El tribunal dispone que se anote al margen de la inscripción respectiva, y el Conservador practica la anotación de oficio, con el solo mérito del decreto que le notifica el tribunal.
4. Se cita a audiencia preparatoria. Si no se deduce oposición, el juez resuelve en la misma audiencia. Si hay oposición, o si estima que faltan antecedentes, cita a audiencia de juicio.
5. Se dicta sentencia. Aquí hay un vacío que conviene conocer. La ley ordena expresamente anotar la afectación provisoria, pero no contiene una norma que mande inscribir la sentencia definitiva, de modo que la subinscripción de la sentencia al margen de la inscripción de dominio es práctica registral respaldada por la doctrina y por su evidente finalidad de publicidad frente a terceros.

Dos precisiones de trámite que ahorran tiempo y dinero.

No hay mediación previa obligatoria. El artículo 106 de la Ley 19.968 reserva ese requisito a las causas de alimentos, cuidado personal y relación directa y regular. Bienes familiares es materia de mediación voluntaria, así que se puede demandar directamente.

Sí se necesita abogado, porque el artículo 18 de la Ley 19.968 exige patrocinio de abogado habilitado, salvo que el juez exceptúe expresamente a la parte por motivos fundados. A cambio, los cónyuges gozan de privilegio de pobreza por disposición del propio artículo 141. Quien no pueda costear un abogado puede acudir a la Corporación de Asistencia Judicial, y el trámite está descrito en la ficha de ChileAtiende sobre la declaración de un bien familiar.

Qué efectos produce la declaración

El efecto central está en el artículo 142. Una vez declarado el bien familiar, no se pueden enajenar ni gravar voluntariamente, ni prometer gravar o enajenar, sin la autorización del cónyuge no propietario.

La limitación es más amplia de lo que suele creerse. Alcanza también a los contratos de arrendamiento, comodato o cualesquiera otros que concedan derechos personales de uso o de goce sobre el bien familiar, y la enumeración es abierta.

La autorización tiene forma. Debe ser específica y otorgarse por escrito, o por escritura pública si el acto exige esa solemnidad, o interviniendo expresa y directamente en el acto mismo. También puede prestarse por mandato especial que conste por escrito o por escritura pública, según el caso.

Si el propietario actúa igual, la sanción es seria. El artículo 143 permite al cónyuge no propietario pedir la rescisión del acto, esto es, su nulidad relativa, con el plazo de cuatro años de la regla general del artículo 1691.

Y hay un agregado que endurece el efecto. Los adquirentes de derechos sobre un inmueble que es bien familiar están de mala fe para los efectos de las obligaciones restitutorias que la declaración de nulidad origine.

El bloqueo, eso sí, no es absoluto. El artículo 144 permite que la voluntad del cónyuge no propietario sea suplida por el juez en caso de imposibilidad o de negativa que no se funde en el interés de la familia.

Hay un trámite previo. El juez resuelve previa audiencia a la que será citado ese cónyuge cuando se trate de una negativa.

Léelo con cuidado, porque ahí está el estándar. Una negativa fundada en el interés de la familia no puede suplirse. La que se puede suplir es la caprichosa o la que responde a otro interés.

Existe además una herramienta adicional. Durante el matrimonio, el juez puede constituir prudencialmente a favor del cónyuge no propietario derechos de usufructo, uso o habitación sobre los bienes familiares.

Esa decisión tiene criterios legales expresos. El juez toma en cuenta el interés de los hijos y las fuerzas patrimoniales de los cónyuges, y fija el plazo que pone término a esos derechos (art. 147).

¿La declaración protege la casa de un embargo?

Esta es la pregunta que más se busca y la que peor se responde en internet. La respuesta honesta es no, la declaración de bien familiar no vuelve inembargable el inmueble ni impide que sea rematado.

Hay tres razones jurídicas y las tres son verificables.

Primera. El artículo 148 no dice inembargable. Dice que los cónyuges reconvenidos gozan del beneficio de excusión, esto es, que pueden exigir que antes de proceder contra los bienes familiares se persiga el crédito en otros bienes del deudor. Es un beneficio de orden, no de exclusión, de modo que si el deudor no tiene otros bienes suficientes, el bien familiar se embarga y se remata.

Segunda. La inembargabilidad en Chile es de derecho estricto y está enumerada en el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil. Los bienes familiares no figuran en ninguno de sus numerales.

Tercera. El artículo 142 prohíbe los actos voluntarios del propietario. El remate en un juicio ejecutivo es una enajenación forzada, no voluntaria, y por eso queda fuera de la prohibición.

Conviene no confundir dos instituciones que suenan parecido. El artículo 445 N° 8 del Código de Procedimiento Civil sí declara inembargable el bien raíz que el deudor ocupa con su familia, siempre que no tenga un avalúo fiscal superior a cincuenta unidades tributarias mensuales.

La misma norma protege, además, los muebles de dormitorio, comedor y cocina de uso familiar.

Es otra figura, con otro requisito y un tope de avalúo. Declarar bien familiar no activa esa inembargabilidad ni elimina el tope de 50 UTM.

Tampoco detiene una hipoteca anterior. El artículo 147 dispone expresamente que la constitución de esos derechos no perjudicará a los acreedores que el cónyuge propietario tenía a la fecha de su constitución, y los tribunales han resuelto que la declaración posterior a la hipoteca no impide continuar el desposeimiento.

Entonces, ¿para qué sirve el beneficio de excusión?

Sirve, y bastante, pero hay que ejercerlo bien. El artículo 148 se remite a las reglas de la fianza, y el artículo 2358 del Código Civil exige oponer el beneficio tan pronto se sea requerido y señalar al acreedor bienes concretos del deudordonde perseguir el crédito.

Eso significa que no basta con alegarlo. Hay que individualizar bienes, y hay que hacerlo dentro del juicio ejecutivo, como excepción del artículo 464 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, en el plazo para oponer excepciones.

La ley además asegura que el cónyuge se entere. Cada vez que se disponga el embargo de un bien familiar del cónyuge deudor por una acción ejecutiva de un tercero, el juez dispondrá que se notifique personalmente el mandamiento al cónyuge no propietario.

Esa notificación es solo un aviso. No afecta los derechos y acciones del cónyuge no propietario sobre el bien.

Si ya hay una ejecución en curso, revisa nuestra guía sobre embargos y sobre la tercería de dominio.

Comparativa: las tres protecciones de la vivienda familiar

Se confunden todo el tiempo, y son distintas.

La conclusión práctica es que la utilidad real del bien familiar es máxima en separación total de bienes y en participación en los gananciales.

La razón es simple. En sociedad conyugal ya existe la limitación del artículo 1749 respecto de los bienes sociales, de modo que lo que agrega el bien familiar en ese escenario es la sanción del artículo 143 y el beneficio de excusión del artículo 148.

Cómo desafectar un bien familiar

El artículo 145 contempla dos caminos, y hay un tercer escenario que genera la mayor cantidad de consultas.

De común acuerdo. Los cónyuges pueden desafectar el bien. Si se trata de un inmueble, la declaración debe constar en escritura pública anotada al margen de la inscripción respectiva.

Judicialmente. El cónyuge propietario puede pedir al juez la desafectación fundado en que el bien no está actualmente destinado a los fines que indica el artículo 141, lo que deberá probar. La carga de la prueba es suya, y se tramita igual que la declaración, con audiencia preparatoria y eventual audiencia de juicio.

Tras la nulidad, la muerte o el divorcio. Aquí está el error más difundido. La declaración no caduca de manera automática. La misma regla judicial se aplica en esos casos, y el propietario o cualquiera de sus causahabientes deberá formular al juez la petición correspondiente.

La Corte Suprema lo ha dicho con claridad en la sentencia Rol 65.810-2021, de 14 de marzo de 2022.

El fallo sostiene que “la declaración de divorcio no opera de pleno derecho desafectando el bien, pues se requiere de una decisión del órgano jurisdiccional en tal sentido, que deberá valorar la situación particular”.

En la misma línea, la Corte ha señalado que para desafectar es requisito indispensable que el inmueble deje de cumplir la finalidad de servir de residencia principal de la familia, y ha rechazado desafectaciones pedidas mientras el cónyuge no propietario seguía habitando el inmueble.

Hay una excepción que opera sola. El remate sí desafecta, porque al perderse el dominio desaparece el presupuesto legal de que el inmueble sea de propiedad de uno de los cónyuges.

Si estás en un proceso de separación, revisa también nuestras guías sobre las diferencias entre divorcio y separación, el divorcio, la separación matrimonial, la liquidación del régimen matrimonial y la compensación económica.

Cuándo conviene declarar bien familiar

No siempre es la herramienta adecuada, y una demanda mal enfocada solo genera costo y desgaste. En nuestra experiencia conviene evaluarla seriamente en estos escenarios.

• Separación de hecho con la propiedad a nombre de uno solo, cuando existe riesgo real de venta.
• Matrimonio en separación total de bienes, donde no existe la limitación del artículo 1749.
• Vivienda a nombre de una sociedad familiar, caso en que se usa la vía del artículo 146 por escritura pública.
• Crisis matrimonial con hijos, donde además puede pedirse el usufructo, uso o habitación del artículo 147.

En cambio, no es la herramienta cuando el problema es una deuda y lo que se busca es frenar un remate. Ahí el camino pasa por revisar la ejecución, las excepciones y si la deuda ya prescribió, no por afectar el inmueble.

En el estudio jurídico Abogaley revisamos primero la inscripción de dominio, el régimen patrimonial y las deudas del propietario antes de presentar cualquier demanda, porque de ese diagnóstico depende que la declaración sirva para algo. Puedes escribirnos y evaluamos tu caso con nuestro equipo de abogados de familia.