Violencia Intrafamiliar sin marcas físicas: La protección inmediata

Por: Patricia Cortés Abogada especialista en derecho de familia y litigación en Abogaley | Experta en violencia Intrafamiliar y perspectiva de género.

Romper el silencio y denunciar un episodio de violencia intrafamiliar (VIF) es una de las decisiones más difíciles y valientes en la vida de una persona. 

Sin embargo, muchas víctimas se estrellan contra sus propios miedos o contra un sistema judicial que a veces parece frío y burocrático. Las preguntas abundan y paralizan: “¿Me creerá el juez si no tengo golpes físicos?”, “¿me quitarán a mis hijos?”, “¿qué pasa si dependo económicamente de mi agresor?”.

Para proteger la vida, la dignidad y el patrimonio de nuestras clientas y clientes, en el área de familia de Abogaley no nos quedamos solo con leer la ley; estudiamos la mente del tribunal. Recientemente hemos analizado a fondo el Material Docente N° 24: “Violencia intrafamiliar: fenómeno psicosocial y marco regulatorio” (2021), redactado por expertos como Jessica Arenas Paredes, Gabriel Carrillo Rozas y Karen Damke Calderón; publicado oficialmente por la academia judicial de Chile. (Puede revisar el documento original en el repositorio de la academia judicial).

Este manual es la guía obligatoria con la que se capacita a los jueces de Familia y de garantía en nuestro país. Hoy, como litigante experta, traduciré qué instrucciones exactas reciben los magistrados y cómo utilizamos este conocimiento táctico para exigir medidas cautelares urgentes y sentencias firmes a su favor.

El manual de los jueces: Riesgo inminente, maltrato invisible y la prevención del trauma

El documento de la academia judicial instruye a los magistrados a dejar de ver la VIF como un mero “conflicto doméstico” para entenderla como un fenómeno complejo basado en la asimetría de poder y el control. De sus páginas extraemos tres reglas vitales que determinan el éxito de una denuncia:

1. La violencia no necesita dejar moretones para ser condenada

Los jueces están instruidos para sancionar la violencia en todas sus dimensiones, reconociendo que el maltrato “invisible” suele ser el más destructivo a largo plazo.

Cita textual del documento oficial: “La violencia psicológica es aquella que transgrede la indemnidad psíquica de las personas, un maltrato invisible que, al ser ejercido en un ámbito privado, de cercanía afectiva […] importa para la víctima e incluso para terceros, una dificultad para significarla como violencia. Manifestaciones de este tipo: burlas, infantilización, aislamiento, control económico, humillaciones”. (Academia Judicial de Chile, Material Docente N° 24, p. 40).

2. Las medidas cautelares son un DEBER, no un favor

Frente a una “situación de riesgo inminente”, el juez no debe esperar a un juicio largo ni escuchar primero al agresor. Debe actuar de inmediato para frenar la violencia.

Cita textual del documento oficial: “La adopción de una medida cautelar existiendo una situación de riesgo inminente, no es una facultad, sino que un DEBER para el Juez y en cuyo cumplimiento, se le faculta para adoptar dicha medida con el solo mérito de la denuncia, pudiendo e incluso debiendo prescindir, del emplazamiento del denunciado o la realización de una audiencia para su adopción.” (Academia Judicial de Chile, Material Docente N° 24, p. 157-158).

3. La prohibición de la “victimización secundaria”

El Estado reconoce que obligar a una víctima a contar su trauma una y otra vez frente a distintos funcionarios, o confrontarla con su agresor, destruye su salud mental y entorpece la justicia.

Cita textual del documento oficial: “Se entiende por victimización secundaria al ‘conjunto de costes personales que sufre la persona denunciante de un delito por su paso por el sistema de justicia’ […] La excesiva lentitud del proceso judicial… el cuestionamiento de su credibilidad y el contacto con el ofensor son importantes inductores de tensión.” (Academia Judicial de Chile, Material Docente N° 24, p. 163).

La estrategia de Abogaley: Cómo blindamos a las víctimas en la trinchera judicial

Entender la sociología y psicología de la violencia (el 20%) es el primer paso; saber cómo forzar al tribunal a usar todo el peso de la ley para proteger (el 80%) es nuestro sello profesional. 

Como abogada de familia en Abogaley, así estructuramos su defensa para ganar:

A. Exigiendo el alejamiento inmediato mediante la “pauta de riesgo”

Sabemos que el momento de mayor peligro es cuando se interpone la denuncia. Las víctimas llegan aterradas de volver a casa. En Abogaley no presentamos denuncias genéricas que se quedan durmiendo en un escritorio.

Redactamos demandas estratégicas donde “tildamos” cada uno de los factores de riesgo psicosocial que los jueces están obligados a ponderar según la academia judicial: consumo de alcohol o drogas del agresor, control económico extremo, aislamiento social, amenazas de quitarle a los niños o negativa violenta a aceptar el término de la relación.

Al encuadrar su relato exactamente en los parámetros de urgencia del tribunal, logramos órdenes de alejamiento, la salida inmediata del ofensor del hogar común y la fijación de alimentos provisorios de forma inaudita parte (sin avisarle previamente al agresor).

B. Probando lo “invisible”: La batalla científica por el daño psicológico

El agresor siempre se defenderá diciendo: “Es su palabra contra la mía, no hay lesiones”. El manual de los jueces reconoce que la prueba en familia es compleja porque el maltrato ocurre a puertas cerradas.

Para destruir la defensa del agresor, en Abogaley no nos basamos solo en su testimonio. Nos apoyamos en la “prueba pericial psicolegal”. 

Trabajamos con peritos forenses y psicólogos privados para objetivar el daño emocional (estrés postraumático crónico, ansiedad, dependencia).

Traducimos su dolor en evidencia científica irrefutable. Demostramos al juez que el maltrato psicológico y patrimonial existen, están acreditados y exigen una sentencia condenatoria, impidiendo que el abusador se escude en la falta de golpes físicos.

C. Elevando el caso a la justicia penal: El “maltrato habitual”

Muchos agresores sienten que ir al juzgado de familia es un simple trámite que terminará en una amonestación. Nuestra estrategia litigante busca acorralarlos.

Si analizamos que los episodios de violencia (física, económica o psicológica) han sido una constante para mantener el control sobre usted, invocamos el delito de maltrato habitual (Art. 14 de la Ley N° 20.066). Al hacerlo, forzamos que el tribunal de familia se declare incompetente y derivemos los antecedentes al ministerio público (fiscalía). Transformamos un problema familiar en un proceso penal severo, donde el agresor arriesga penas de cárcel efectiva y el registro de antecedentes penales.

Conclusión profesional: No enfrente al sistema a solas

El manual de la academia judicial demuestra que el sistema chileno cuenta con herramientas formidables para proteger a las víctimas de VIF. Sin embargo, la teoría no se aplica por arte de magia. Los tribunales están colapsados y acudir sin un abogado especialista que sepa exigir sus derechos, solicitar cautelares urgentes y frenar la “victimización secundaria”, es un riesgo que usted no debe correr. El ciclo del abuso se rompe con una representación legal técnica, firme y decidida.

¿Está viviendo episodios de violencia psicológica, económica o física y teme por su seguridad, la de sus hijos o la de un adulto mayor a su cuidado?

Usted no está sola y la ley la protege. Contáctenos hoy en Abogaley y agende una reunión estrictamente confidencial con nuestra área de familia. Evaluaremos su nivel de riesgo y activaremos de inmediato la maquinaria judicial para proteger su vida, su tranquilidad mental y su patrimonio. Dé el primer paso; nosotros libramos la batalla legal por usted.